URGENTE
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¿PORQUE LA EMERGENCIA HABITACIONAL? ¿POR QUÉ EN JOSÉ C. PAZ?
Escribe Facundo Barrios
En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de José C Paz, se declaró la emergencia habitacional, en una pobre ordenanza donde se aborda la facultad del Ejecutivo a hacer uso del carácter de emergencia y excluir a los barrios informales del distrito.
Me hizo recordar la frase del Presidente Alberto Fernández “la vivienda es algo más que la obra pública, es entender un derecho humano, que es tener un techo”, es importante que cada instancia de gobierno abarque la problemática con la profundidad que se merece.
Siempre que el Estado se corre de la planificación y la ejecución de un área sensible para la vida de la sociedad, irremediablemente ese rol es ocupado por corporaciones de la esfera privada. Las corporaciones empresariales, suelen aprovechar el “vacío” del Estado para convertir cualquier derecho en un negocio. En este caso me refiero al derecho de tener acceso a una vivienda digna como proclama nuestra Constitución Nacional en el Artículo 14 bis:
“…El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
El carácter constitucional del derecho a la vivienda digna lamentablemente no significa que el Estado lo garantice, lejos de eso, es un problema que aún no se ha podido resolver. Nuestro país tiene una población de 42 millones de habitantes y una densidad media de 14,4 km2 por habitante, es decir, que el problema de falta de tierra no es una cuestión en nuestro territorio como si sucede en otros países, donde este índice es muy inferior.
Adquirir un lote para proyectar un hogar se ha convertido más inaccesible generación tras generación, para la mayoría de los argentinos y argentinas. Con esta cuestión, profundizándose podemos hablar de la existencia de dos categorías de ciudadanos que ven en el derecho a una vivienda digna un problema: los propietarios escriturados y los que se encuentran en la informalidad habitacional, ya sea por estar en situación de inquilinos o por no poder regularizar su situación catastral. Son muy complejas y diversas los problemas que tienen estos dos sectores.
Cuando una familia logra comprar su terreno muchas veces se ven limitados en poder construir una vivienda por los grandes costos que esto les significa. La mano de obra y los materiales son dos costos que suelen alcanzar altas sumas, y que para poder realizarlos el endeudamiento suele ser el camino por el que optan la mayoría de los propietarios.
Aquellas personas que no pueden tener un terreno escriturado, o lo tienen y no pueden construir, se ven obligados a alquilar una vivienda. Pero ¿todos están en condiciones de esa opción?, claramente no, son solo un grupo reducido quienes pueden, las personas que tienen un trabajo , ya que este es en principio el requisito mínimo que exigen las inmobiliarias, o los particulares. Esto se agrava cuando vemos que según el reporte laboral de septiembre pasado del Ministerio de Trabajo, son 12.109.649 las trabajadoras y trabajadores registrados, y que el 55 % de ellos están con salarios por debajo de la línea de la pobreza, excluyéndolos de esta posibilidad.
A estos condicionantes se le suma que las personas deben contar con una capacidad de ahorro, para poder solventar los gastos de entrada a un alquiler y con un núcleo de personas que puedan ser garantes, es decir, trabajadores registrados.
Otra problemática con respecto a la salida “más legal” a la problematización habitacional, justamente se refiere a ese carácter de supuesta legalidad. Es de público conocimiento que muchas de las transacciones que se realizan, son una parte en blanco y otra en “negro”. Esta situación es atravesada tanto en la compra-venta de inmuebles como en los contratos de alquiler. Pagares y contratos manejados por escribanos que paga la inmobiliaria ponen de relieve las desigualdades en el contexto de la transacción inmobiliaria. Vale la pena remarcar que esta ilegalidad no solo perjudica al particular sino que también es un problema de evasión y por ende de desfinanciamiento del Estado.
Si no logras ser parte del exclusivo sector de la sociedad que puede alquilar, comprar lotes y construir, el único camino es el hacinamiento. Suelen pasar años donde la familia aumenta y las paredes difícilmente se expanden. Los hijos empiezan a construir en el terreno de los padres, si es que hay espacio, y un terreno pasa a ser el hogar de una familia a casos de hasta seis. Este proceso trae problemas sociales que se desprenden del propio hacinamiento. Aquí es cuando la falta de tierra se vuelve en un problema habitacional.
Menciono todos estos problemas porque de esta manera es mejor comprender el porqué de la existencia de más de 4.400 barrios tomados en todo el país según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). La toma de tierras es un proceso social que viene creciendo cada año, es un problema sin dudas, pero que debe salir de la esfera judicial para su resolución.
La toma de tierras abordada desde el mero sentido delictivo es una respuesta insuficiente y que no se ocupa de las causas sociales, económicas y culturales que provoca que gran cantidad de gente tome la decisión de pelear por un pedazo de tierra, para construir un hogar. Que este tema no debe ser delegado solamente a la escala judicial no es un posicionamiento conceptual, sino de ver los resultados que las intervenciones judiciales han logrado hasta la fecha. Como indican las cifras del RENABAP, lejos de disminuir la cantidad de tierras tomadas la “solución judicial” no estaría haciendo efecto. A esto se debe sumar las 7.251 personas que se encuentran en situación de calle, número que tan solo es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la Defensoría del Pueblo.
Claramente el derecho al acceso a una vivienda digna ha sido captado por un universo donde la especulación prima: las inmobiliarias; los «desarrolladores urbanos»; «Desarrolladores inmobiliarios» y empresas constructoras lucran con la necesidad habitacional. Para terminar con este flagelo lo primero que hay que hacer es que el Estado vuelva a planificar y realizar políticas habitacionales en todos los niveles desde la administración central hasta los gobiernos locales. Los municipios deben ser centrales para abordar esta problemática y tienen que dar un salto en las gestiones entendiendo que el derecho a la vivienda también es una responsabilidad de ellos.
La regulación de las tierras no debe pensarse solamente en la cuestión impositiva sino que es necesario crear una Desarrolladora Municipal con carácter de Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Debe ser este ente quien compita con los demás sectores para poder lograr una reducción de los valores usureros del mercado inmobiliario, que además acabe con el mercado informal y brinde oportunidades construyendo proyectos urbanos.
En José C. Paz abordar esta cuestión es urgente ya que de un total de 50 km2 que tiene el distrito, el 7,6% se encuentra tomado por familias con problemas habitacionales. Ese porcentaje equivale alrededor de 50 barrios populares donde viven más de 13.000 familias. Para que tomemos noción del volumen de la problemática que estamos poniendo de relieve es que en José C. Paz está tomada la superficie equivalente a 517 canchas de River.
Estos números presentados se pueden visualizar en los registros del RENABAP donde se encuentra localizado barrio por barrio, y donde a su vez se encuestaron las principales problemáticas de los mismos. La recolección de residuos; el acceso a la electricidad; las dificultades para ir a los centros de salud; la falta de seguridad policial y la carencia de matrículas en establecimientos educativos, son algunas de las cuestiones que más remarcaron los vecinos de los barrios encuestados.
Es importante entender que no son problemas que solo afectan a un sector determinado, sino que genera una radiación perimetral a los barrios lindantes. Por lo cual la decisión de no urbanizar los barrios populares, va generando consecuencias sistémicas en todo el entorno que se solucionarían teniendo una política integral, hasta incluso haría subir el precio de los terrenos si es que nos focalizamos a la esfera económica de la cuestión. Sostener la informalidad siempre termina generando pérdidas económicas, sociales y sanitarias. Por ende la emergencia no es solo de las personas que viven en terrenos tomados sino que es mucho más amplia.
Ahora bien ¿Cómo enfrentamos esta situación sabiendo que vivimos en una sociedad de mercado? ¿Cómo lo hacemos sin perder los principios de nuestro derecho a la vivienda digna que el Estado nos debe garantizar? Entendemos que una Desarrolladora Municipal con carácter de SAPEM es una propuesta que articula la presencia pública y la competencia que el mercado económico demanda. Es una política pública que generaría ingresos que no se concentrarían en los especuladores del negocio inmobiliario, sino que sería un ingreso a las arcas estatales que ayudarían a seguir invirtiendo, en la búsqueda de soluciones al problema del habitat.
Esta Sociedad Anónima debería desarrollar estrategias para cada demanda que surja de la comunidad, ya que tiene que ser para todos los sectores sociales. Debe abrazar a los vecinos y vecinas que requieran planes para concretar las escrituras. Además sería beneficioso que sea el intermediario para el pago de los propietarios que estén en el programa de urbanización de los barrios populares. También esta Desarrolladora Municipal podría ser contratista en las obras de urbanización, generando trabajo para el pueblo paceño financiado con los pagos que se realicen por la regularización de los terrenos.
En el mismo sentido a estas acciones, se pueden establecer líneas de créditos para la construcción de viviendas o alquilar viviendas sociales y que el dinero sea utilizado para financiar políticas, con respecto al acceso justo al habitat. A su vez se podrían comprar terrenos para construir complejos, o utilizar aquellos terrenos que se encuentran en vacancia en el distrito que, dicho sea de paso, son muchos. Esta Desarrolladora Municipal puede también realizar las actividades inmobiliarias como la oferta de locales, casas, departamentos del distrito, con honorarios bajos y menos solicitud de depósitos.
En conclusión la problemática es muy grande y la necesidad de pensar soluciones integrales e innovadoras es urgente. Ya no se puede permitir que las transacciones de venta de casas, alquileres, lotes sigan en el mercado ilegal. Es imperioso realizar una estrategia para que sea el Estado quien regule esa circulación, y se deje de financiar a mafias que juegan con la necesidad de los más humildes.
Esto debe hacerse escuchando a todos, no criminalizando a nadie. La planificación y las acciones deben ser concebidas desde el dialogo constante con los diversos actores que son los que intervienen en los conflictos. Entiendo que en José C. Paz esto es una deuda pendiente y que debe enfrentarse de una vez por todas.
Rodrigo Facundo Barrios
Integrante de Encuentro Peronista
Estudiante de la Lic. En Urbanismo de la Universidad de General Sarmiento (UNGS)
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