José C. Paz se ve hoy inmersa en una escalada de ocupaciones de casas sociales sin terminar y varias hectáreas de terrenos fiscales adyacentes. El comisario inspector Cristian Guillen, jefe de la Departamental, levantó el operativo desalojo cuando la situación aún no se había descontrolado. Ahora es tierra liberada para la ocupación indiscriminada.
Las 214 casas sociales del barrio Gendarmería (“Las 300 Casitas”), con el 80% terminado, cercanas a la Av. Saavedra Lamas, en el límite de José C. Paz con Moreno sufrieron una ocupación. La reacción de los vecinos de los barrios sociales aledaños, Favaloro y Madre Teresa de Calcuta, alarmados ante el suceso, recibió el apoyo del intendente Mario Ishii, quien se apersonó en el lugar y les dijo que nadie se iba a quedar con una casa que no fuera suya.
Así las cosas actuó la fiscalía descentralizada de Malvinas Argentinas, ordenando el desalojo, el día en que más de 300 efectivos se aprestaban a cumplir la orden judicial, imprevistamente, el Crio. Guillen levantó el operativo. Las causas fueron confusas, luego se supo que se había interpuesto un amparo en la fiscalía de San Martín, pero al parecer no habría habido un oficial de justicia que se apersonara con el escrito en el lugar del hecho, sino una simple comunicación telefónica. De todos modos el amparo habría sido solo por cinco días, que ya se cumplieron holgadamente sin novedad policial.
LA SITUACIÓN ACTUAL
Sin intervención de la departamental, la situación se descontroló, y todos salieron a “hacer la suya”, algunos desde grupos políticos alentando las ocupaciones con comunicados con mensajes subliminales, basados en la necesidad de vivienda de mucha gente, sin medir las consecuencias de anarquizar la zona. Algunos más interesados en atacar al municipio, que nada tiene que ver ya que es un plan federal de viviendas, y a la gestión nacional kirchnerista, con alusiones a 8 años de falta de una política clara, que a la responsabilidad de la gestión Cambiemos en el orden nacional y provincial.
Tal como había adelantado el portal El Primero Noticias, “el inicio de la semana venia con un plato fuerte: el acampe en el municipio, la decisión judicial de habilitar el desalojo, la oposición de organizaciones sociales, sectores del peronismo, izquierda y vecinos organizando tomas de terrenos, una maraña social y política que el gobierno municipal busca desenredar”. “Lo cierto es que el operativo responde a la provincia de Buenos Aires, donde el jefe comunal busca respuestas a un conflicto que cada vez tiene más ribetes políticos y de operación”.
Coincidimos con el colega Lio Benítez, solo agregamos que también se vio a gente de Ezequiel Pazos, subsecretario de Desarrollo Social bonaerense y concejal paceño de Cambiemos, entre los ocupas.
ZONA LIBERADA
La gravedad del descontrol en las tomas tiene ribetes catastróficos, no solo las casas sin terminar, sino las hectáreas de terreno adyacentes, donde los vecinos se han distribuido un loteo ilegal, sumando que se ha tomado una planta de tratamiento de aguas cloacales, sin motivo alguno, apedreando a los vecinos que querían sacarlos de allí, ya que no es lugar para vivienda.
La inacción policial al comienzo del conflicto, que hubiera posibilitado realizar un censo habitacional, accionar políticamente para que la gobernadora María Eugenia Vidal cumpliera con su promesa de terminar las casas, designar a los propietarios de entre la lista de anotados previamente, ya que aún nadie fue adjudicado, como miente un comunicado de organizaciones sociales, desencadenó una situación de difícil resolución. Nadie quiere represión, nadie quiere injusticias, pero el futuro se avizora como el de otra ocupación que derivara en zona de conflicto social permanente, con protagonismo de dealers y “pesados”, amén de activistas buscando agua para su molino, en medio quedará la gente humilde como rehén, usada como tropa de maniobra. Nada nuevo bajo el sol.
SOBRE LLOVIDO, MOJADO
Sumado a esta situación, un grupo de personas se presentó al municipio, armando algunas carpas, solicitando que otra terminación de 300 viviendas sociales, al fondo de barrio Frino, se les entregara para que ellos (que alegan estar adjudicados) las terminaran, pero allí si hay una empresa constructora trabajando y guardia privada, que evitó el intento de toma.
Ni lerdos ni perezosos, activistas de la toma de Saavedra Lamas se le unieron para seguir activando la protesta. En realidad lo que buscan es evitar el desalojo, pero eso no depende ni nunca dependió del municipio, sino de la provincia, la justicia y la policía departamental (con sede en Pilar). Tampoco la entrega de la obra de Frino a sus supuestos adjudicatarios, ya que es órbita provincial. Pero parece más fácil ir contra la intendencia que contra Cambiemos, ahí se le ve la pata a la operación política. La movida en el municipio se fue diluyendo ante la poca presencia de vecinos reclamantes.
ESTO RECIÉN EMPIEZA
Con un diciembre previstamente “caliente”, por las políticas de ajuste y desempleo del frente conservador Cambiemos en acuerdo con el FMI, parece que se ha elegido a José C. Paz para iniciar los fuegos del descontento social en el conurbano, en este caso por viviendas.
Que los actores políticos que azuzan las ocupaciones tomen conciencia de la situación. De ellos depende evitar más sufrimientos a los sectores humildes. Que la gobernadora Vidal se haga cargo de lo que ella misma desencadenó, por no haber terminado las casas en estos tres años. La departamental y la gestión política provincial tuvieron en sus manos el evitar esta situación, ambos fallaron.