San Miguel, que es parte del desmembrado distrito de Gral. Sarmiento, ha sido desde hace muchos años el centro comercial minorista de esta parte del noroeste del conurbano bonaerense. Desde Malvinas Argentinas, José C. Paz y Moreno, la Av. Perón es centro de atracción para compra de ropa, calzado, enseres domésticos, electrodomésticos, joyas y relojería, etc., etc.
Hoy, con el mercado interno pulverizado, por una destructiva pinza donde se aúnan la ascendente inflación y la caída de los salarios, el extenso comercio sanmiguelino sobrevive, hay riesgo de que continúe el cierre de locales, de pérdida de puestos de trabajo para ellos y para la pequeña industria local, sobre todo del calzado.
El negocio gastronómico y el Bingo San Miguel mantienen su clientela, que es parte de esa porción de clase media que aún sostiene su poder adquisitivo, pero el grueso poblacional no tiene la misma situación socioeconómica. Trabajadores en blanco hoy están bajo la línea de pobreza, ni hablar de quienes se quedaron por el arrastre de años fuera del sistema laboral, que sobreviven con paupérrimos planes sociales y buscan la diaria pitanza familiar en comedores y merenderos populares.
Pese a esa situación, y con un presupuesto súper millonario de alrededor de 33 mil millones de pesos anual, la administración municipal del intendente Jaime Méndez, tributaria política del senador provincial Joaquín de la Torre, solo piensa en seguir recaudando y no afloja la soga en el cuello de comerciantes que la siguen peleando, sin acompañamiento solidario de las autoridades locales.
Si fuera que se destinaran cuantiosas sumas al área de salud, sería comprensible, porque con un importante sector de su población altamente vulnerable, por mala nutrición, por carencia de obra social, por carecer de agua corriente y cloacas, de lo que sí disfrutan barrios de edificios (400 nuevos en la década ganada kirchnerista) y de altos ingresos, ocuparse socialmente de la salud sería lo que corresponde. Pero no, el hospital Larcade está colapsado, con 50 médicos renunciantes luego de una huelga de casi seis meses, en medio del pico mayor de la pandemia de Covid. Hay otro supuesto hospital (“ponele”, dirían en el barrio), en El Colibrí, que es solo una sala grande, sin internación ni servicio de cirugía.
Obvio que tampoco se usa dispendiosamente ese suculento presupuesto en la obra pública, ya que es desde nación y desde provincia, ambas administraciones peronistas, que la gestión amarilla de Juntos de San Miguel se beneficia. Tampoco en educación, ya que tanto el presupuesto de infraestructura escolar como el del Servicio Alimentario Escolar (SAE) provIenen de las arcas provinciales, es decir de la administración del peronista Axel Kicillof. Aunque sí lo administra el amarillo Jaime Méndez, quien debería rendir cuentas de su discrecional mal uso que provoca quejas de docentes y familiares de educandos.
Pese a eso, pese a que las obras que proponen y consiguen favorecen primordialmente a los barrios “chetos”, y que en las barriadas populares hay abandono casi total de la gestión municipal, el impredecible Joaquín de la Torre sigue agitando su candidatura de fantasía a gobernador bonaerense por Juntos, hablando del “modelo San Miguel”, modelo manchado con la sangre de Lucía Costa (incinerada en el bar Zar con necesaria participación municipal), y los 16 muertos en una semana de 40 trasladados de un geriátrico por el municipio.